La legislatura terminó el pasado sábado

La mayor amnistía fiscal de la historia de España, la única que funcionó en términos económicos, se llamó Transición. Sin embargo, como todas, fue contraproducente en términos éticos, políticos y sociales. La Transición significó la aceptación de la mayor revolución socioeconómica de la historia de España tras la expulsión de los no católicos en los siglos XVI y XVII: Guerra y Posguerra. En aras de la paz, la Transición consolidó a la clase dirigente formada en el franquismo acostumbrada a la falta de libertad política, de expresión y, sobre todo, de empresa. Es decir, acostumbrada a carecer de visión ideológica más allá de la designación de cargos concretos, a despreciar la comunicación más allá de la censura y la amenaza y, sobre todo, acostumbrada a la ausencia de iniciativa, esfuerzo, investigación o innovación, más allá del enriquecimiento mediante los diversos tipos de ayudas públicas. Es decir, una clase dirigente de poca formación, escasa vista y mucho sectarismo que no tiene ningún objetivo más allá de su propia pervivencia.

Esta es la base de la caída en picado de estos seis meses. No hay ningún plan político porque el gobierno carece de base ideológica. Por eso, se duda tanto en las reuniones internacionales y no hay ningún problema con la intervención de la economía (la legislación sí la tiene, pero su origen está en otros actores como CEOE o Faes). Ante cada situación concreta, el Gobierno no diseña una respuesta política , sino una estrategia de comunicación que no es coherente con su condición de recién elegido con mayoría absoluta, sino que es contradictoria e insegura porque está basada en la consigna, la amenaza y la censura y en la idea, bien por la estupidez, bien por el peso de la tradición, de que España es un ente aislado. Por ejemplo, la circense gestión de la cifra de déficit en marzo, origen del problema, o la jactanciosa comparecencia del Presidente el pasado domingo, que multiplicó el problema.

La legislatura ha terminado porque la democracia no se basa sólo en una serie de consensos sociales elevados institucionalmente a leyes para asegurar la no discrecionalidad, sino en un pacto social previo. El proceso electoral no es la elección, como la del dictador en Roma, una catarsis por la que el colectivo renuncia a su soberanía y se produce una cesión total de la misma durante un período de tiempo. La democracia occidental está basada en el pacto. Existe la cesión de ciertos instrumentos de soberanía a cambio de asumir ciertos compromisos de confianza. No se trata de santificar el programa con el que el grupo gobernante se presenta a las elecciones, sino de que éste tenga que cumplir con un escenario de confianza, un rumbo general. Por poner un ejemplo. Quizá no era necesario que Zapatero firmase la retirada de las tropas de Irak al día siguiente de ser investido; quizá se hubiera entendido el aplazamiento de la medida, incluso, sine die. Pero, declarar la guerra a Irán, habría roto el pacto. El rumbo general con el que el actual grupo gobernante llegó al poder fue la recuperación de la confianza; principalmente, económica. Sólo seis meses después, es obvio que el pacto se ha roto porque este compromiso no sólo no ha llevado a cabo, sino que se camina en la dirección contraria y nadie, salvo algunos barras bravas, pueden sostener que la confianza exterior de este gobierno es recuperable. El impulso moral que todo grupo gobernante necesita para confeccionar y aplicar sus políticas no existe. La legislatura ha terminado y su epitafio lo escribió el propio presidente el domingo: Y ahora que está todo arreglado, me voy al fútbol.

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