Biocombustible

Estos últimos dí­as, una empresa española dedicada al biocombustible se ha dejado una pasta publicando anuncios a todá página en los que afirmaba que esta práctica no tiene nada que ver con la crisis alimentaria. Tiene bastante razón pero lo tiene crudo porque la imagen de «hacemos gasolina con el maí­z» es muy potente. Incluso, para los flujos financieros que buscan una nueva burbuja en las materias primas. La crisis de los alimentos puede explotar por la industria del biocombustible pero la bomba estaba puesta hace tiempo.

Reproduzco un artí­culo en el que explican algo la cuestión (México y Filipinas).

No puede entenderse la crisis alimentaria mexicana sin considerar que en los años anteriores a la crisis de la tortilla la patria del maí­z fue convertida en una economí­a importadora de ese grano por las polí­ticas de “libre mercado” promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y Washington. El proceso comenzó con la crisis de deuda de principios de la década de 1980. México, uno de los dos mayores deudores del mundo en desarrollo, fue obligado a implorar dinero del banco y del FMI para pagar el servicio de su deuda con bancos comerciales internacionales. El precio de un rescate fue lo que un miembro del consejo ejecutivo del BM describió como “intervencionismo sin precedente”, diseñado para eliminar aranceles, reglamentaciones estatales e instituciones gubernamentales de apoyo, que la doctrina neoliberal identificaba como barreras a la eficiencia económica.

El pago de intereses se elevó de 19 por ciento del gasto federal total en 1982 a 57 por ciento en 1988, en tanto el gasto de capital se derrumbó de 19.3 a 4.4 por ciento. La contracción del gasto gubernamental se tradujo en el desmantelamiento del crédito estatal, de los insumos agrí­colas subsidiados por el gobierno, los apoyos de precio, los consejos estatales de comercialización y los servicios de extensión.

Este golpe a la agricultura campesina fue seguido por uno aún mayor en 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque dicho tratado consideraba una prórroga de 15 años a la protección de productos agrí­colas, entre ellos el maí­z, pronto comenzó a fluir maí­z estadunidense altamente subsidiado, lo cual redujo los precios a la mitad y hundió al sector maicero en una crisis crónica. En gran medida a causa de ese acuerdo, México se ha consolidado como importador neto de alimentos.

Con el cierre de la entidad gubernamental comercializadora de maí­z, la distribución de importaciones maiceras de Estados Unidos y del grano nacional ha sido monopolizada por unas cuantas comercializadoras trasnacionales, como Cargill. Eso les ha dado tremendo poder para especular con las tendencias del mercado, de modo que pueden manipular y magnificar muchas veces los movimientos de demanda de biocombustibles. Al mismo tiempo, el control monopólico del comercio doméstico ha asegurado que una elevación en los precios internacionales del maí­z no se traduzca en precios significativamente más altos a pagar a los pequeños productores.

Cada vez resulta más difí­cil a los productores mexicanos de maí­z eludir el destino de muchos otros pequeños productores en sectores como arroz, carne de res, pollo y cerdo, quienes se han venido abajo por las ventajas concedidas por el TLCAN a los productos subsidiados estadunidenses. Según un informe del Fondo Carnegie de 2003, las importaciones agrí­colas de EU han dejado sin trabajo a 1.3 millones de campesinos, muchos de los cuales han emigrado al paí­s del norte.

Y Filipinas:

Los trazos generales de la historia de Filpinas son similares a los de México. El dictador Ferdinando Marcos fue culpable de muchos crí­menes y malos manejos, entre ellos no llevar adelante la reforma agraria, pero no se le puede acusar de privar al sector agrí­cola de fondos gubernamentales. Para paliar el descontento de los campesinos, el régimen les otorgó fertilizantes y semillas subsidiadas, impulsó mecanismos de crédito y construyó infraestructura rural. Durante los 14 años de su dictadura, sólo en uno, 1973, se tuvo que importar arroz debido al extenso daño causado por tifones. Cuando Marcos huyó del paí­s, en 1986, habí­a 900 mil toneladas métricas de arroz en los almacenes del gobierno.

Paradójicamente (nota de JD: no tanto, el acoso económico a las nuevas democracias para aplicar polí­ticas neoliberales fue muy extendido: de Argentina a Sudáfrica o Rusia), los siguientes años de gobierno democrático vieron encogerse la capacidad de inversión gubernamental. El BM y el FMI, actuando por cuenta de acreedores internacionales, presionaron al gobierno de Corazón Aquino para que diera prioridad al pago de la deuda externa, que ascendí­a a 26 mil millones de dólares. Aquino accedió, aunque los economistas de su paí­s le advirtieron que serí­a “inútil buscar un programa de recuperación que sea consistente con el pago de la deuda fijado por nuestros acreedores”.

Entre 1986 y 1993, entre 8 y 10 por ciento del PIB salió de Filipinas cada año en pagos del servicio de la deuda. Los pagos de intereses en proporción al gasto gubernamental se elevaron de 7 por ciento en 1980 a 28 por ciento en 1994; los gastos de capital cayeron de 26 a 16 por ciento. En suma, el servicio de la deuda se volvió la prioridad del presupuesto nacional.

El gasto en agricultura cayó a menos de la mitad. El BM y sus acólitos locales no se preocupaban, porque un propósito del apretamiento del cinturón era dejar que el sector privado invirtiera en el campo. Pero la capacidad agrí­cola se erosionó con rapidez, el riego se estancó, y hacia finales de la década de 1990 sólo 19 por ciento de la red caminera del paí­s estaba pavimentada, contra 82 por ciento en Tailandia y 75 por ciento en Malasia. Las cosechas eran anémicas en general; el rendimiento promedio de arroz era de 2.8 toneladas por hectárea, muy debajo de los de China, Vietnam y Tailandia, donde los gobiernos promoví­an activamente la producción rural. La reforma agraria languideció en la era posterior a Marcos, privada de fondos para servicios de apoyo, que habí­an sido la clave para las exitosas reformas de Taiwán y Corea del Sur.

Como en México, los campesinos filipinos enfrentaron la retirada en gran escala del Estado como proveedor de apoyo. Y el recorte en programas agrí­colas fue seguido por la liberalización comercial; la entrada de Filipinas en la Organización Mundial de Comercio (OMC) tuvo igual efecto que la firma del TLCAN para México. La membresí­a en la OMC requerí­a eliminar cuotas en las importaciones agrí­colas excepto arroz, y permitir que cierta cantidad de cada producto ingresara con bajos aranceles. Si bien se permitió al paí­s mantener una cuota en importaciones de arroz, tuvo que admitir el equivalente a entre uno y 4 por ciento del consumo doméstico en los 10 años siguientes. De hecho, a causa del debilitamiento de la producción derivado de la falta de apoyo oficial, el gobierno importó mucho más que eso para compensar una posible escasez. Esas importaciones, que se elevaron de 263 mil toneladas en 1995 a 2.1 millones en 1998, deprimieron el precio del cereal, lo cual desalentó a los productores y mantuvo la producción a una tasa muy menor a la de los dos principales proveedores del paí­s, Tailandia y Vietnam.

Las consecuencias del ingreso de Filipinas a la OMC barrieron con el resto de la agricultura como un tifón. Ante la invasión de importaciones baratas de maí­z, los campesinos redujeron la tierra dedicada a ese cultivo de 3.1 millones de hectáreas en 1993 a 2.5 millones en 2000. La importación masiva de piezas de pollo casi acabó con esa industria, en tanto el aumento de importaciones desestabilizó las de aves de corral, cerdo y vegetales.

Los economistas del gobierno prometieron que las pérdidas en maí­z y otros cultivos tradicionales serí­an más que compensadas por la nueva industria exportadora de cultivos “de alto valor agregado” como flores, espárragos y brécoles. Poco de eso se materializó. El empleo agrí­cola cayó de 11.2 millones en 1994 a 10.8 millones en 2001.

El problema de la contestación a estas polí­ticas económicas es que la izquierda siempre planteó una batalla ideológica cuando era económica. Y una batalla ideológica, a menudo, estúpida. Pascal Bruckner, de visita por la Feria del Libro, lo explicó en Miseria de la prosperidad. La religión del mercado y sus enemigos.

Impotentes para nombrar e identificar el verdadero Mal (a menudo confundido con siglas sin apenas rostro: AMI, G8, FMI, OMC, Banco Mundial &c.), las nuevas estrategias del «pos-rebelde» recurren entonces a la infalible artillerí­a «anti-fascista» allí­ donde faltan argumentos y todo parece reducirse a sensualismo y sentimentalismo «anarco-progresista».

Donde también encontramos un párrafo interesante:

No somos ciudadanos del mundo o del mercado, sino de un Estado que protege nuestros derechos, prescribe nuestros deberes, nos incluye en el orden de una deuda que nos vincula a todos los hombres pasados y futuros. La nación es ese conjunto singular a través del cual accedemos a lo universal (…) diluirla brutalmente en un entorno más amplio, sacrificarla en el altar de los intereses económicos, no es alcanzar una dimensión mundial, sino alentar todas las regresiones locales, regionales, tribales. De ahí­ procede la dialéctica del satélite y el terruño, reguladora de nuestros intercambios con el exterior, pues la embriaguez de acceder a la dimensión planetaria se mezcla con el temor a desaparecer en la confusión.

¿Y si aprovechamos la crisis para hacer reformas estructurales de verdad? Por ejemplo, disolver el FMi y el Banco Mundial.

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