Regreso inevitable a las Leyes de Pobres

Las Leyes de Pobres nacieron en Inglaterra tras la epidemia de peste negra de mediados del siglo XIV. El declive demográfico provocó una inflación de los salarios y, para tratar de controlarlos, el rey Eduardo III promulgó una ordenanza que obligaba a trabajar a todos los hombres disponibles. El cuerpo legal se completó posteriormente con el Estatuto de Cambridge que establecía restricciones al movimiento de los mendigos y las personas ociosas, a las que se podía imponer castigos físicos o trabajos forzados.

La pobreza, más aún con la Reforma protestante, era tratada como un problema individual y eran habituales los señalamientos (la marca de la V o la perforación de las orejas). Sólo los ancianos, enfermos y discapacitos estaban capacitados para pedir limosna, así que las personas que no encontraban trabajo eran obligadas a bajar su salario para evitar morirse de hambre. La otra opción era romper la ley, cuyos castigos se agravaron en los años posteriores. En 1547, se aprobó una ley que castigaba a los vagabundos con dos años de servidumbre e incluso la muerte en caso de reincidencia.

Las malas cosechas de finales del XVI provocaron un aumento de la pobreza y, para evitar revueltas, durante el reinado de Isabel I se produjo un cambio en las Leyes de Pobres con la distinción entre mendigos profesionales y pobres por causas sobrevenidas. Para los segundos, comenzó a establecerse un plan de ayudas a cargo de las parroquias: comida, vestimenta, leña e incluso un pago periódico. El sistema era discrecional y con tendencia al despotismo por parte de quienes tenían que repartirlos.

El sistema evolucionó a través de las workhouses, lugares donde las personas que no tenían recursos podían establecerse. Las condiciones de esos lugares, así como de los orfanatos o los correccionales para los hijos de los pobres, seguían siendo discrecionales y sólo comenzaron a mejorar cuando las asociaciones de trabajadores se hicieron cargo de ellos. El modelo, establecido en el XIV, se mantuvo hasta el establecimiento del Estado del Bienestar en el siglo XX.

De hecho, las Leyes de Pobres se mantuvieron formalmente hasta 1948 cuando fueron derogadas en la promulgación de la Ley de Asistencia Nacional. El sistema discrecional de reparto directo (alimento, vestimenta, vivienda, ayudas de estudio, leña o dinero en efectivo) fue sustituido, aunque no totalmente, por un modelo institucional de distribución indirecta: derechos sociales reconocidos en la ley, trabajo/salario e impuestos.

Duró treinta años. A partir del gobierno de Margaret Thatcher el modelo institucional de distribución indirecta (derechos sociales conquistados y reconocidos en la ley, trabajo/salario e impuestos) comenzó a ser desmantelado para regresar al sistema de Leyes de Pobres. Los derechos sociales dejaron de figurar en la ley, los impuestos dejaron de ser directos y redistributivos y se socavó la acción colectiva de los trabajadores.

Los problemas sociales, paro, pobreza o delincuencia volvieron a ser considerados como cuestiones individuales, sin contexto socioeconómico, que podían ser atenuadas con una acción discrecional a través del reparto directo. Evidentemente, los nombres han cambiado: bono social energético, cupones de comida, ayuda social para el alquiler, apertura de comedores escolares, complemento salarial o renta básica universal.

El regreso a las Leyes de Pobres es inevitable porque es transversal. La derecha entiende que es un buen modelo para mantener la desigualdad y evitar conflictos sociales y la izquierda, que también quiere evitar el conflicto ideológico o directo, acepta que esa es la única solución para evitar los casos extremos. Bienvenidos al siglo XIV.

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