Fernández Díaz explica por qué no existe España

Leo: El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado una investigación a  “los indeseables” que desde este lunes celebran en las redes sociales el asesinato de la presidenta de la Diputación y del Partido Popular de León, Isabel Carrasco. […] Fernández Díaz, que lamentó que se produjeran “comentarios absolutamente injuriosos” cuando aún yacía el cuerpo de Carrasco en el suelo, afirmó que “es evidente que, en la medida que hacen apología del delito y fomentan el odio, son conductas que están tipificadas en el Código Penal”.

Vamos a dejar de lado si el ministro de Interior puede ordenar investigaciones, como si esto fuera una dictadura, si la policía puede investigar injurias sin denuncia previa, que parece que no, o si es delito celebrar una muerte, que la propia policía dice que no (en el Reino Unido, desde luego, no).

Vamos a centrarnos en la decisión en sí. El gobierno ordena investigar comentarios que celebran una muerte violenta, que hacen apología del delito y fomentan el odio. Correcto. Hace unas semanas, la policía detuvo a varias personas acusadas de enaltecimiento del terrorismo en la red. En algunos casos, el delito era haber hecho un chiste sobre Carrero Blanco. Pero, correcto, también.

La cuestión es por qué la ley no se aplica a todo el mundo. Es decir, por qué no ha sido detenido Pepe López, de una tele local tinerfeña, que afirmó: “Le daría a Sánchez Gordillo 6 tiros en la boca y disfrutaría viéndolo pudrirse en la tumba”. Parece un comentario que se ajusta a “hacer apología del delito” o “fomentar el odio”. O, por ejemplo, estos dos, ambos escritos por militantes de las juventudes del PP: “Lo de Pilar Manjón es infame. Cada día dudo más que el hijo de esa tipeja fuese el 11M en 1 tren… deplorable su actitud” o “@agarzon aunque pensándolo bien matarte a ti o a todos los de tu calaña nos va a salir igual d caro! Igual no va a ser tan malo… payaso”. Si se buscan, los hay más explícitos.

Es decir, el gobierno no ampara a todo el mundo y, más aún, usa los instrumentos de la administración para proteger a un grupo de ciudadanos y atacar a otro que, supuestamente, tiene los mismos derechos. La ley queda como algo discrecional que depende de la voluntad del gobernante. No hay derechos por el hecho ser ciudadano, sino decisiones dependiendo de las personas. El estado, entonces, no es de todos e, incluso, es hostil a algunos. Es solo una máquina administrativa para defender ciertos privilegios de cierta élite y sus círculos. Es algo bastante común en la historia de España.

Si la administración, la ley o el estado, conceptos fríos, desemparan a amplios sectores de población, es complicado que esos grupos asuman el correlato emotivo, la nación. Por eso, España tiene tantos problemas para existir como estado y como nación. Si el gobierno quiere que exista, no tiene que colocar grandes banderas, sino extender derechos y formar ciudadanos.

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