El fin del consenso

En estos días necrófilos ha circulado la pregunta de qué está sucediendo para que se cuestione de una forma tan intensa el consenso del 78. La respuesta es bastante sencilla: el consenso ya no existe. El consenso ha dejado de serlo y se ha convertido en un entramado que solo sirve a una parte, la élite que lo ejecuta, mientras que la ciudadanía, legitimadora, ha desaparecido.

Un consenso es un acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos.  Es decir, un consenso tiene un fuerte componente pasivo porque la mayoría de los grupos no interviene en la negociación y solo aceptan el pacto dejando de hablar de él; es decir, convirtiendo el consenso en el espacio de lo posible, haciendo que lo establecido en el consenso sea el terreno de juego.

El consenso del 78 comenzó con una transacción entre dos grupos: élites gubernamentales y élites opositoras, cuya frontera estaba menos delimitada de lo que el relato ha posterior ha establecido. Las primeras hicieron una cesión parcial del poder a las segundas y, a cambio, estas aseguraron el respeto a su expolio y garantizaron su inmunidad, además de una cierta veneración de su memoria.

¿Hay que dar gracias al asesino porque deje de matar?, ¿hay que dar gracias al tirano porque deje de serlo? No son preguntas de Shakespeare, sino del 78 y la respuesta que se dio fue “sí”. En la transición del País Vasco, similar a la española, se ha dado la misma respuesta a la segunda pregunta; proporcionalmente, claro.

La ciudadanía legitimó la transacción a cambio del paquete democrático (derechos, libertades, etc.) y de la seguridad de que predominaría la tranquilidad. En Oriente Medio, el acuerdo fue paz por territorios; aquí fue paz por territorios psicológicos.

Las nuevas élites pactaron un marco que garantizaba su asentamiento como redes de poder (aplicado a la política: sistema electoral o modelo de partido) y la ciudadanía legitimó ese pacto convirtiéndolo en consenso al recibir, además, del paquete democrático, el paquete del bienestar: impuestos universales, directos, proporcionales y redistributivos, servicios públicos y, sobre todo, amplias perspectivas de mejora.

Tal cosa ha desaparecido. Ya no hay perspectivas de mejora, ni individuales ni intergeneracionales. Y la segundas son más destructivas. Las sociedades aceptan mejor su desventura particular que el fin del ascensor social. El sistema impositivo vuelve a ser discrecional, fijo y extractivo; tasas para la mayoría, exenciones para la minoría. Los servicios públicos, otra forma de ascensor social y redistribución, están en retroceso. Y seguirán.

El consenso, entonces, ha desaparecido o, al menos, se reduce a un aparato institucional que solo beneficia a una parte. Dentro de esa desaparición del consenso es donde debemos leer las apelaciones al orden público y la terrible sentencia de que la policía es el último garante (frase que se dijo primero en Barcelona). Eso es lo que sucede en los regímenes sin consenso, como las dictaduras. En los regímenes con consenso, el último garante son las instituciones.

El que el debate político se quiera reducir a una cuestión de orden público es no querer ver la realidad. Y esta, tozuda, va a a seguir existiendo.

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