La deriva

Durante la mañana del 29 de marzo de 2012, los Mossos d’Escuadra detuvieron a dos estudiantes de la Universitat de Barcelona que participaban en un piquete informativo. El primero de ellos, 20 años, cursaba Físicas y trabajaba por las tardes como becario en el aula de informática. El segundo, de 19 años, estaba matriculado, gracias a una beca, en la doble titulación de Matemáticas y Físicas. Ambos carecían de antecedentes. Ambos cayeron, y no por casualidad, en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona.

Los delitos atribuidos por los Mossos a los estudiantes fueron desórdenes públicos, contra la seguridad vial y daños. Para entendernos, participar en el corte de la Diagonal con contenedores. Los Mossos también atribuyeron a uno de ellos la posesión de una mochila con material incendiario, un walkie talkie y prendas para ocultar el rostro. El estudiante lo negó.

Durante la tarde de ese 29 de marzo, se produjeron graves incidentes en Barcelona, como la quema de contenedores o la destrucción de una cafetería. Las denuncias de que policias infiltrados (gente corpulenta, rostro tapado, mochila, pinganillo y porra extensible) participaron en los hechos más graves fueron numerosas. En total, hubo 79 detenidos ese día. Por ejemplo, un joven de 25 años y nacionalidad española con antecedentes por daños, amenazas y tenencia de armas o explosivos que fue acusado de participar en los incidentes de la cafetería.

En la madrugada del Sábado 31 de Marzo, se decretó prisión sin fianza para los dos estudiantes. Para dictar prisión preventiva a un detenido sin antecedentes, los delitos deben sumar una pena mayor a dos años y debe haber riesgo de fuga, de inutilización de pruebas o reiteración delictiva. En su auto, la juez señaló que había riesgo de fuga y “alto pronóstico de comisión pasada y futura de hechos análogos” durante el Primero de mayo, la cumbre del Banco Central Europeo (BCE) y el partido Barça-Espanyol, sin que acreditase su vinculación al mundo del fútbol. También, la juez indicó que “la tipificación penal” no era cosa de la policía y amplió los delitos: atentados agravados, tenencia de elementos peligrosos, resistencia y lesiones; ya sumaban cinco años y medio. Los abogados de los dos estudiantes recurrieron la prisión preventiva. El 10 de abril, la jueza la mantuvo.

Esos días, la prensa de Barcelona no habló de las cloacas del estado. No comentó nada de la ampliación de los delitos, de la discrecionalidad para elegir juzgado por parte de la policía o de la necesidad de investigar la presencia de infiltrados violentos o la presunta fabricación de pruebas. Esos días, La Vanguardia instó al Govern a mantener el orden y habló de terrorismo, de una red europea, de cuestiones que estaban por encima de los casos concretos. La paz social y mostrar que la Generalitat era capaz de mantener el orden eran más importantes.

El 19 de abril, los Mossos detuvieron a seis personas por hechos del 29 de marzo. El 20 de abril, El comisario general de coordinación territorial de los Mossos d’Esquadra, dijo en un discurso: “les [sic] iremos a buscar, ya se pueden esconder donde quieran porque les buscaremos, sea en una cueva o en una alcantarilla que es donde se esconden las ratas. Tampoco les servirá esconderse detrás de unas siglas, o una asociación, o una capucha, o de una revista, o de una asamblea que no representa a nadie o incluso detrás de una silla de la universidad. No vale poner el objetivo social a cualquier actividad para justificar saltarse la norma”.

La prensa de Barcelona no pidió su dimisión, ni siquiera al conocerse que, en su proyecto final del máster en Políticas Públicas de Seguridad organizado por la UOC presentado el 12 de nooviembre de 2009, decía (pags 28-29): Incluso si la concentración o manifestación, que es lo que estamos hablando, no se prevé bastante violenta, se puede llegar a provocar un poco, con detenciones poco justificadas y nada pacíficas unos días antes para calentar el ambiente. También se pueden hacer redadas preventivas a los lugares donde se encuentran habitualmente personas cercanas a la ideología de los convocantes con la excusa de buscar drogas o lo que sea necesario. La redada estará especialmente mal hecha y con trato humillante para encender más los ánimos, si es necesario. La consecuencia previsible de estos comportamientos previos y el diseño del dispositivo policial, es que acabará con una batalla campal”. En ese texto se habla de la numerosa presencia de antisistema extranjeros, Italia y Grecia, en Barcelona.

El 21 de abril, el joven de 25 años y nacionalidad española con antecedentes por daños, amenazas y tenencia de armas o explosivos fue puesto en libertad con cargos y fianza. Los dos estudiantes sin antecedentes siguieron el prisión.

El 24 de abril, los Mossos detuvieron a una sindicalista de CGT, que había particiado en una quema simbólica de billetes frente a la Bolsa de Barcelona el 29 de marzo. 27 días después. La sindicalista iba con el rostro descubierto y el hecho fue grabado. El juzgado de instrucción decretó su ingreso en prisión.

La movilización social de apoyo a los dos estudiantes, reflejada más en El Periódico que en La Vanguardia, fue creciendo y el cuatro de mayo, la sección octava de la Audiencia de Barcelona decretó su libertad sin fianza, un varapalo al juzgado de instrucción. También, la de otro ciudadano, que también permanecía en prisión desde el 29 de marzo por la mañana. Quedaba en prisión la sindicalista. El 17 de mayo salió con fianza de 6.000 euros y con cargos. El 29 de mayo hubo otra tanda de detenidos por incidentes del 29 de marzo, cinco en Barcelona, a los que se acusó de pertenencia a grupo criminal. El 15 de junio, seis personas de Badalona, dos de ellas de la CNT, fueron detenidas. La fechas no son casuales. El número total de detenidos por el 29-M superó el centenar.

Ahora, la prensa de Barcelona sí habla de tramas policiales y de cloacas del estado. Otros medios, ahora, hablan de cuestiones que están por encima de los casos concretos. La unidad de España es más importante que un grupo dirigente, precisamente, justicia poética, el que mantuvo casi cuarenta días a los dos estudiantes en prisión preventiva. En Madrid, algún homólogo del mosso puede haber pensado lo mismo: “Tampoco les servirá esconderse detrás de unas siglas, o una asociación, o una capucha, o de una revista, o de una asamblea que no representa a nadie o incluso detrás de una silla de la universidad”.

En nuestro sistema, no hay nada más importante que los procedimientos, nada, ni el orden, ni la unidad del estado, ni la economía, ni nada. No se puede estirar la ley hasta donde sea posible y un poco más allá. O hay ley o no la hay. Si gente de buena voluntad permite o promueve vulneraciones de derechos debe saber que que, en otras circunstancias, los derechos vulnerados pueden ser los suyos. Si el procedimiento es arbitrario por razón de estado, basta con leer historia, esta se va ampliando hasta que solo queda el poder y cualquiera puede hacer lo que quiera, siempre que disponga de la capacidad necesaria para hacerlo. Es algo que sucede en las derivas autoritarias. El camino no es reversible; hay que comenzar otra vez.

PD: El pasado 14 de noviembre hubo otra huelga general y dos personas fueron detenidas en la puerta de su casa. También había una mochila. En este caso, con un artefecto casero. Según su abogado, sin huellas. Una de estas personas, tras ser interrogada en la comisaría de Moratalaz por policías con el rostro cubierto, ingresó en prisión. Según su abogado, el juez cambió la fundamentación de “alarma social”, concepto que no figura en la ley, a “riesgo de fuga”. Poco después, pasó al protocolo FIES grado 5 (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), por el que se restringen sus visitas y se supervisan sus comunicaciones. Hoy viernes, día en que hay numerosos actos actos para pedir su libertad, lleva 44 días.

PD2: Stella Antoniou estuvo 18 meses en Grecia. En ese país, veremos cosas que nos acojonarán. Mucho. Y leeremos a gente justificarlas sin darse cuenta de que lo importante es el procedimiento.

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