El contrato de integración ya existe

El estado moderno ya establece un contrato de integración. Se llama legislación. La pertenencia a una sociedad civil se mide por el cumplimiento de la ley, especialmente, las que se refieren al pago de impuestos. Se cumple y se paga, luego se recibe. Esto era reaccionario porque la izquierda defendía que uno debía recibir por su condición de ser humano y no sólo por su aportación dineraria o el mero cumplimiento de la ley. El acoso al estado ha convertido este punto de partida reaccionario en progresista ya que la derecha sostiene que no basta con cumplir la ley o pagar impuestos, sino que hay que firmar un fantasmal contrato de integración basado en las costumbres cuyo contenido nadie es capaz de exponer y que, ojo, no tiene vinculación legal alguna.

La derecha lo hace por dos razones. La primera es electoral. Este argumento pertenece a la política macho-alfa. Se trata de acciones vistosas y nada efectivas que sólo buscan espacio en los medios, movilizar grupos no afines pero que comulgan con esa idea y, cosa no difícil, arrinconar el nuevo progresismo, desmovilizando a parte de su electorado. Es, por ejemplo, la polémica sobre la cadena perpetua. No se va a hacer porque requiere un cambio constitucional muy complicado pero le sirve al bloque de la derecha para acusar al Gobierno de falta de severidad frente al delito. El lector sagaz dirá, al delito se le combate con inversión y no con golpes en el pecho. Bien visto, pero los golpes en el pecho sirven para disimular los recortes en inversión/privatización que suele hacer el bloque de la derecha.

La segunda razón es de fondo. El contrato de integración es un cuestionamiento del estado moderno. Su implantación quiere decir que la legislación es prescindible y los impuestos, intrascendentes. Quiere decir que la pertenecencia a la sociedad, ya no civil, queda establecida por atributos de manada, sumisión a la autoridad, asunción de las costumbres, ocultación de la diferencia, retirada del espacio público. Quiere decir que el pago de impuestos ya no garantiza la prestación de servicios. Y es algo que afectará a todos los ciudadanos.

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