Archivo de Febrero de 2013

La hostia tardará en llegar

Jueves, 7 de Febrero de 2013

La situación bulle, pero la hostia tardará en llegar y, es posible que, cuando lo haga, los datos económicos sean buenos. El PIB crecerá, la prima de riesgo estará baja y el paro habrá descendido, pero sentiremos la hostia en toda la cara. Tardará en llegar porque la inercia es muy poderosa, pero llegará.

Lo hará cuando se consolide la brecha escolar que hoy solo está apuntada y solo puedan ser médicos los hijos de médicos. Lo hará cuando se consolide la brecha en la atención sanitaria que hoy solo está apuntada y las diferencias de clase tengan reflejo en la esperanza de vida. Lo hará cuando la generación que hoy tiene entre 30 y 40 años ya no tenga colchón familiar porque la generación que hoy tiene entre 60 y 70 haya muerto.

Entonces, llegará la hostia. Lo de ahora es una broma.

¿Quieres pertenecer a IloveIU?

Jueves, 7 de Febrero de 2013

En IloveIU queremos ser más.

Entendemos que un agregador ha de ser una herramienta viva y por ello iniciamos esta etapa con una renovación de blogs.

¿Cuales son los requisitos para que tu blog aparezca en iloveIU?. Los siguientes:

Ser militante o simpatizante de IU o pertenezcan a su entorno.
Tener un blog en activo con una antigüedad mínima de tres meses y que sea actualizado con una frecuencia de, como mínimo, dos post al trimestre.
Si estás interesado y quieres que tu blog esté en iloveIU mándanos un correo electrónico a iloveiu.org@gmail.com y te damos más detalles.

Pd: Por aclarar ante la duda: IloveIU es un agregador dirigido a simpatizantes y militantes de IU y su entorno. No va dirigido ni a sus asambleas ni a los partidos que puedan conformarla.

Saludos.

El artículo perdido de El País

Miércoles, 6 de Febrero de 2013

Como el planeta Kamino en los archivos de la orden Jedi, ha desaparecido un artículo de la web de El País o del caché de Google. Pero, como decía el joven padawan, si hay órbita, hay planeta, luego alguien lo ha borrado. Gracias a lironcareto, aquí lo tenemos. Copio y pego.

EL DINERO PERDIDO DE RAJOY

Miguel Ángel Aguilar.
La intervención del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ante el comité ejecutivo nacional de su partido el pasado sábado, 2 de febrero, ha agravado la situación en que se encuentra el caso Gürtel-Bárcenas. Primero, por el formato elegido de máximo blindaje y mínima credibilidad. “Quiero”, dijo el presidente, “que en este asunto operemos con la máxima transparencia, el máximo rigor y la máxima diligencia”. Pero a continuación las maneras venían a desmentirle. Porque de las ruedas de prensa sin preguntas, lo que Esteban González Pons, vicesecretario del PP, llamaba notas de prensa audiovisuales, se ha pasado a un escalón superior. Ahora, los periodistas han dejado de ser testigos, ni siquiera comparten lugar con el compareciente. Recluidos en otra sala, solo les llega una señal de televisión realizada por los servicios del partido. Una cámara fija ofrece el plano único del presidente Rajoy, que lee en un atril. Pero nadie ajeno al comité ejecutivo nacional pudo dar fe de cómo sucedió.

Segundo, porque si Rajoy proclama nada tener que ocultar, no temer a la verdad, no haber venido a la política ni a ganar dinero ni a engañar a Hacienda; ser a los 23 años, en 1978, Registrador de la Propiedad con una plaza; ganarse muy bien la vida; ingresar más dinero en su profesión que como político; haber venido a la política perdiendo dinero porque para él, el dinero no es lo más importante en esta vida; todas estas protestas nos obligan a reclamar que se muestre “con máxima transparencia, máximo rigor y máxima diligencia” toda su trayectoria como Registrador. Por eso, queremos saber, por ejemplo:

1.- Si es cierto que siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Villafranca, provincia de León, y de Padrón, provincia de la Coruña, cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981, director general de Relaciones Institucionales de la Xunta en 1982. .

2.- Si al concursar voluntariamente y obtener en 1982 el registro de Berga en el Pirineo catalán, contraviniendo entre otras la obligación de residir en la localidad donde tiene su sede el Registro, continuó obteniendo ingresos de esa plaza, que se encuentra a más de mil kilómetros de Pontevedra, ciudad donde seguía teniendo su residencia efectiva y sus responsabilidades políticas como concejal del Ayuntamiento, presidente de la Diputación y Diputado al Congreso desde 1986 y vicepresidente de la Xunta en 1987. Porque si Rajoy como político concursaba buscando mejores plazas y figuraba como registrador en activo, debemos saber cuánto cobraba de sus cargos políticos y cuánto recibía de los registros.

3.- Si es cierto que nunca solicitó la declaración de compatibilidad del Ministerio de la Presidencia, a que estaba obligado por la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios públicos, porque en ese caso alardear de ser persona escrupulosa con el cumplimiento de la legalidad resultaría excesivo.

4.- Si los registros de Elche y Santa Pola, que solicitó y le fueron adjudicados en sucesivos concursos, los atendió alguna vez personalmente, cuánto cobró hasta 1990 y si simultaneaba esa tarea con otras responsabilidades políticas.

5.- Si, cuando a partir de marzo 1990 pide que se le declare en servicios especiales y su plaza en Santa Pola, queda encomendada a su buen amigo Francisco Riquelme, titular del Registro de Elche, esa designación a título de “sustituto accidental permanente”, era la que correspondía según el cuadro legal de sustituciones de la Dirección de Registros y del Notariado.

6.- Si a partir de ese momento y siguiendo ejemplos acreditados se repartía al 50% los beneficios del Registro de Santa Pola con el sustituto que le hacía el trabajo.

7.- Si después 1998 a partir de algunos cambios legales, aprobados en el Consejo de Ministros donde él se sentaba, los beneficios del Registro de Santa Pola se han partido entre el amigo Riquelme y el Colegio de Registradores al 50%.

Son cuestiones relevantes porque permitirían confirmar cuanto es el dinero perdido de Mariano Rajoy y evaluar su desprendimiento y su entrega sacrificada a la política, sin atender a las pérdidas que ese afán de servicio le acarreaba. Se impone despejar de manera indiscutida la incógnita y los malos pensamientos de quienes sostienen que en el caso de Rajoy mas que renuncia hubo pluriempleo. De momento, en la Declaración de Actividades presentada en el Congreso de los Diputados el 1 de diciembre de 2011 el punto segundo “Ejercicio de la función pública o de cualquier puesto al servicio de una Administración Pública” figura en blanco y tampoco especifica la Administración para la que presta sus servicios, ni si ha solicitado el pase a la situación de servicios especiales o equivalente.

La libertad de pensar, decir y hacer lo que uno quiera

Martes, 5 de Febrero de 2013

No tengo opinión sobre Muñoz Molina porque, yo confieso, no he conseguido leer nada suyo. Sí tengo opinión sobre los premios literarios. No me gustan, pero supongo que se debe a que el único al que me presenté quedó desierto. Una cosa es que lo gane alguien, cualquiera, porque siempre puedes pensar que ha habido enchufe o conspiración, pero desierto; hostia, tú. También tengo opinión sobre la política exterior de Israel. La entiendo porque es producto del XIX europeo y, rústicamente, se resume así: “no volveremos a ir como corderos al matadero”. La entiendo, pero no la comparto. Además de cruel, es poco inteligente y, aún más, suicida. Tocar los huevos a todo el mundo no me parece muy inteligente porque, alguna vez, te pueden dar una colleja e Israel, y supongo que lo saben, no puede perder una guerra porque sería su desaparición.

También tengo opinión sobre la concesión a Muñoz Molina del Premio Jerusalén y su intención de aceptarlo. Que haga lo que quiera y defenderé su derecho a hacerlo. La libertad de pensar, decir y hacer lo que uno quiera, sin joder a los demás como hace Israel, es sagrada y es una de las bases de los últimos años que hemos vivido. Conviene no olvidarlo.

La lógica española

Martes, 5 de Febrero de 2013

El Watergate no fue dos hombres contra un presidente, sino el funcionamiento de una democracia. El poder judicial, el legislativo, los medios o los diversos cuerpos policiales funcionando de acuerdo a la ley, sin discrecionalidad. Nixon intentó defenderse, claro. Fue la Saturday Night Massacre.

Nixon pidió al procurador especial del caso, Archibald Cox que permitiera a un senador del Partido Republicano revisar y transcribir las cintas para entregar un resumen a los investigadores. Cox rechazó la petición. Al día siguiente, 20 de octubre, Nixon ordenó al Fiscal general de los Estados Unidos, Elliot Richardson, destituir a Cox. Richardson dimitió al considerar que se trataba de un abuso de autoridad del Presidente. El fiscal general adjunto William Ruckelshaus, también dimitió. Esa misma noche, el pidió al Procurador General de los Estados Unidos, Robert Bork, que destituyera a Cox. Bork sí accedió, pero fue una victoria a corto. La actuación discrecional de Nixon cabreó a todo el mundo y le hizo perder los apoyos que le quedaban. El nuevo procurador, Leon Jaworski, consiguió las cintas y el 14 de noviembre de 1973, ni un mes después, fueron reproducidas por el comité senatorial con presencia del juez del caso.

España, en cambio, opta por la discrecionalidad. En 2003, por ejemplo, el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, decidió vetar las investigaciones sobre los dos transfugas que dieron la presidencia de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre. Dos constructores les pagaron protección y el hotel; por la mañana, habían estado en la sede del PP. Nada relevante decidió el fiscal. Circulen, circulen. Por eso, hemos derivado hacia el justicialismo. Los poderes del estado no funcionan de acuerdo a la ley, sino discrecionalmente, y surgen las individualidades, los jueces estrella, los periodistas justicieros, la fe taumatúrgica en las personas en lugar de la confianza en el sistema.

Hoy estamos en la misma discrecionalidad. Lo lógico hubiera sido que el Fiscal General hubiera iniciado una investigación, que varias personas hubieran sido ya detenidas para prestar declaración y que la policía hubiera registrado la sede del PP y la casa de Bárcenas, entre otros lugares. Pero nada de eso ha sucedido y nadie se ha extrañado. Cómo va a permitir el ministro de Interior que la policía impida la destrucción de pruebas si el caso atañe a su partido; cómo va a permitir la imagen de la policía entrando en la sede de su partido; cómo va a permitir el ministro de Justicia que se incie una investigación que atañe a su partido; cómo va a promover la declaración de relevantes compañeros suyos. La lógica española frente a la lógica; resaca de la contrarreforma.

El caso solo avanzará si hay un juez o un medio de comunicación que se empeña, por las razones que sean. Como siempre, las individualidades. La fe taumatúrgica en las personas en lugar de la confianza en el sistema. Caudillismo frente a democracia. Esto sí es antipolítica.

La solución decisionista

Viernes, 1 de Febrero de 2013

La principal aportación española a la teoría política es el caudillismo. Alguien con decisión que, con razón o sin ella, defienda la fe o las tradiciones; alguien que, como sea, ponga orden de una vez: alguien con cojones que lo solucione todo. Pueden encontrar una visión más desarrollada en Francisco de Vitoria, entre otros. Merece la pena recordarlo.

Ayer, lo hice a una pregunta de @JaviM: ¿queda alguna institución no tocada? Sí, el ejército. En las encuestas, suele ser muy valorada y su participación en la crisis de los controladores consolidó su percepción de colectivo serio, disciplinado, eficiente y honrado. Adjetivos que hoy suenan muy bien. La historia de España afirma lo contrario, pero hablamos de percepciones.

Esos días, José María Lassalle escribió un gran artículo titulado El guardián de la normalidad en el que criticaba el uso de fórmulas jurídicas excepcionales de forma prolongada y alertaba sobre la deriva decisionista: una deriva arbitraria que degrada la vigencia institucional de los principios formales nacidos de la deliberación legal para potenciar aquello que Carl Schmitt definía como la “decisión pura, que no razona, ni discute, ni se justifica”. Es una pena que las palabras pierdan fuerza por el partidismo. Seguimos en esa deriva, pero ya no tenemos más artículos suyos alertándonos.

En otras circunstancias, la clase dominante resolvería el tema con una alternancia, pero la oposición no existe y abrir las urnas es peligroso. Ahora mismo, la solución más probable a la crisis actual es la ausencia de solución. Dejar morir el tema, aunque también se mueran el PIB y el IBEX. La segunda posibilidad es que Soraya acabe el año como presidenta del Gobierno tras petición de Angela Merkel.

Pero hay otras. Nos resulta imposible imaginar a uniformados en el Gobierno. Nos resulta tan imposible como era hace año y medio la desaparición de las cajas de ahorros o, hace tres, la masiva emigración. O más imposible, incluso. Nos resulta imposible imaginar a uniformados en el Gobierno, pero no tenemos otros tecnócratas. La cuestión no es que a nosotros nos parezca imposible, sino que a la clase dominante, el Jefe del Estado, por ejemplo, le parezca deseable.
Y es probable que lo veamos antes en Grecia.

La prensa no se cargó a Nixon; fue la democracia

Viernes, 1 de Febrero de 2013

El resumen español del caso Watergate es que dos periodistas reciben información filtrada y el presidente dimite. Ese relato olvida la parte central, la decisiva, la que se produce en los poderes judicial y legislativo, quizá porque es ardua, quizá porque es incomprensible para un español.

Las revelaciones de Woodward y Bernstein hicieron que un juez llamado Sirica abriera un proceso en el que comenzó a llamar a gente a declarar y este provocó la apertura de una comisión del Senado, cuyas conclusiones hicieron que la Cámara de Representantes iniciara el proceso de destitución. No fue un periódico, sino las instituciones democráticas las que se cargaron a Nixon. Miremos las fechas (y el texto) en wikipedia.

En la madrugada del 17 de junio de 1972, Frank Wills, guardia de seguridad del Complejo Watergate de edificios, advirtió que alguien había penetrado en el edificio violando los controles de entrada. Llamó a la Policía tras detectar a los intrusos y minutos después cinco hombres fueron arrestados dentro de la oficina del Comité Nacional del Partido Demócrata. Dos días después, se publicó que uno de ellos, James McCord, era el Director de seguridad del Comité para la reelección de Nixon. No sabemos si le dijo “no sabe usted con quién está hablando”. Allí, no le sirvió de mucho.

Fue el verano de Woodward y Bernstein. Revelaron, por ejemplo, que los cinco hombres habían sido contratados y pagados de manera secreta por Howard Hunt y Gordon Liddy, dos hombres vinculados al Comité de Reelección. El 15 de septiembre de 1972 los siete sospechosos (los asaltantes más Hunt y Liddy) fueron imputados por conspiración, robo y violación de las leyes federales sobre intervención de las comunicaciones, abriéndose un proceso judicial dirigido por el juez John J. Sirica. Los acusados fueron juzgados y condenados en enero de 1973, aunque la investigación continuó al haber indicios de más culpables. Seis meses. Si el Watergate lo hubiera pillado el juez del caso Pallerols, aún estaría abierto. Si el caso hubiera dependido de una Fiscalía jerárquica y vinculada al ejecutivo, es probable que hubiera encallado.

En marzo de 1973, James McCord envió una carta al juez John Sirica en la que expresaba que era presionado desde ámbitos políticos para que se autodeclarara culpable; en la carta, implicó en el caso a varios oficiales del gobierno. Este juez dispuso que el caso de espionaje pasara a una investigación de mayor nivel, en tanto se implicaba al ex procurador general John Mitchell. Enseguida, mayo de 1973, se constituyó una comisión de investigación senatorial. Bipartita, como todas, pero eso en EEUU no quiere decir nada. La dependencia del elector es demasiado fuerte.

Fue en esa comisión donde salieron las cintas, donde Nixon trató de revolverse apelando a su inmunidad o con destituciones. No le sirvió de nada. Las instituciones eran más fuertes. El 1 de marzo de 1974 el jurado del proceso entregó al juez John Sirica la lista de acusados. Las investigaciones llevadas a cabo por el FBI y después por el Comité de Watergate en el Senado, el House Judiciary Committee y la prensa revelaron que este robo en el Watergate fue solo una de las múltiples actividades ilegales autorizadas y ejecutadas por el equipo de Nixon.

El 27 de julio de 1974, la Cámara de Representantes inició un proceso de impeachment por la acusación de obstrucción a la justicia; dos días después, por abuso de poder y el 30 de julio se agregó la acusación de desacato al Congreso. El Senado El 8 de agosto de 1974, Nixon dimitió. No por la prensa, sino por las instituciones democráticas independientes. Por eso, suceda lo que suceda en España, Rajoy seguirá si le da la gana hacerlo.